De la pulsera a la castración química
Los países endurecen su política penitenciaria contra los violadores a medida que surgen casos que conmocionan a la sociedad

Occidente sofistica los métodos desarrollados para hacer frente a la rehabilitación de delincuentes sexuales. Tanto los gobiernos conservadores como los más progresistas reaccionan ante la conmoción social que genera este tipo de crímenes. Desde las medidas más taxativas de Estados Unidos, donde se airean públicamente las identidades y domicilios de estos delincuentes cuando salen de prisión hasta los avanzados sistemas de siguimiento a través de pulseras electrónicas que prefiere Gran Bretaña, se trata de reducir el margen de maniobra de unos psicópatas a quienes se considera incurables.

LA VANGUARDIA - 17/10/2004


ESTADOS UNIDOS
Registro en internet y aviso a los vecinos

En Estados Unidos existe un sistema muy estricto de registro y de notificación pública de los delincuentes sexuales cuando han salido de prisión. El procedimiento es duro porque puede estigmatizar de por vida a quienes hayan cometido un delito sexual, pero se considera prioritaria la prevención de ulteriores crímenes. En algunos estados -entre ellos California, Florida, Georgia, Oregón y Wisconsin- se practica, si el juez lo estima necesario, la castración química con los reincidentes.

Los violadores, pederastas y otras personas que abandonan la cárcel tras haber cumplido su condena -que puede ser de hasta 20 o 30 años- están obligados a registrarse ante la oficina del sheriff de su distrito. Aunque las prácticas varían según los estados, lo comúne s que se le tomen a la persona una fotografía, huellas dactilares y declaración del domicilio, con la obligatoriedad de presentarse una vez al año para verificar que sigue residiendo allí. Esta persona pasa a ser incluida en una lista pública que puede ser consultada por internet. Además, se avisa al barrio -por medio de carteles- de que allí vive alguien con antecedentes por delito sexual.

El registro en internet, a escala nacional, permite que cualquier familia que se mude a una nueva ciudad o pueblo pueda consultar si existe en el área alguna persona potencialmente peligrosa. Basta con introducir el código postal de la casa o de la escuela donde acudirán los niños. Esta notificación pública es fruto de la llamada ley Megan,aprobada por el Congreso en 1996, durante la Administración Clinton, después del impacto provocado por el asesinato de la niña Megan Kanka, de siete años, a manos de un hombre, condenado por violación, que había salido de la cárcel y se había instalado delante de la casa de la víctima, en Nueva Jersey. Los padres de la niña removieron cielo y tierra para que el Congreso actuase.

Los permisos carcelarios para delincuentes sexuales son muy raros en EE.UU., salvo casos menos graves como condenados por indecencia pública (como los exhibicionistas). El procedimiento de castración química -mediante la administración periódica de inyecciones de Depo-Provera que reducen el nivel de testosterona- tiene muchos detractores, pues deja de tener efecto si se para la medicación y, además, reduce la pulsión sexual pero no tanto los instintos violentos.

El registro como delincuente sexual es de por vida en ciertos estados, como Arizona. Algunos defensores de derechos civiles critican esa etiqueta de la infamia.Los jóvenes que hayan cometido un delito de estas características son incluidos provisionalmente y eliminados cuando tienen 25 años si no han reincidido. - E. VAL

FRANCIA
La primera causa de prisión
Francia cuenta con una larga crónica de casos protagonizados por multi reincidentes en delitos sexuales, algunos con la etiqueta de asesinos en serie. Hace apenas medio año, el espeluznante caso de Michel Fourniret (el monstruo de las Ardenas), con una decena de muertes a sus espaldas pese haber sido encarcelado tres veces, así como el de Pierre Bodein (Pierrot el loco), implicado en el asesinato de tres mujeres en Alsacia tras su excarcelación anticipada, reactivó la presión en favor de un endurecimiento de las leyes.

El impacto provocado por ambos sucesos puso sobre la mesa las posiciones más extremas, desde el restablecimiento de la pena de muerte hasta la implantación de un chip en el cuerpo de los delincuentes más peligrosos. Desde 1998, la ley obliga a aplicar un seguimiento a los reincidentes sexuales que abandonan la prisión, que incluye atención médica a cargo de dos facultativos. Tras las últimas reformas legislativas introducidas por la derecha, todo condenado por este tipo de delitos está obligado también a declarar cualquier cambio de domicilio. El Gobierno no sólo ha creado un fichero específico de delincuentes sexuales, sino que ha ampliado las facultades de la policía para poder retener las huellas biológicas (ADN) de los implicados en este tipo de crímenes, incluso aunque no hayan sido formalmente condenados.

Así y todo, el impacto de los últimos sucesos ha vuelto a encrespar el debate. Una de las propuestas más polémicas gira en torno a la idea de establecer una pena automática sobre los reincidentes que impida en la práctica la remisión de penas por buena conducta, idea defendida por el anterior ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. Sin embargo, el ministro de Justicia, Dominique Perben, se ha negado a actuar en caliente ante sucesos de gran impacto social. El caso Fourniret estalló justo cuando una comisión parlamentaria concluía su dictamen sobre la cuestión, en la que defiende que la reincidencia debe seguir siendo una circunstancia agravante a tener en cuenta por el juez en cada caso.

Con todo, la comisión planteó la idea de una vigilancia electrónica sobre los criminales más peligrosos, dispositivo que se sumaría a los existentes sobre el seguimiento personalizado bajo la tutela del juez de aplicación de penas. Los expertos creen ilusorio este sistema, desde el momento en que 250 jueces deben atender a 170.000 personas, según cifras del 2003. La penuria de psiquiatras (800 vacantes en el sector público), así como su reticencia a asumir sistemáticamente a los delincuentes sexuales, complica aún más el problema. El ministro Perben ha rechazado la idea de instalar un chip GPS en los criminales más peligrosos, pero mantiene la fórmula del brazalete de vigilancia electrónica.

La delincuencia sexual es la primera causa de prisión en Francia. Los criminales de este tipo constituyen el 24% de la población carcelaria, con un crecimiento de nada menos que el 105,6% entre 1995 y el 2003. La actual mayoría de centroderecha cree que es preciso "ir más lejos y actuar deprisa" frente a la lacra de los reincidentes y, sin llegar a la pena automática, restringir y prohibir la remisión de penas en casos excepcionales. La izquierda, sin embargo, considera que no hay que renunciar a alternativas carcelarias que no sean medidas laxistas. El debate sigue abierto. - J. R. GONZÁLEZ CABEZAS.

GRAN BRETAÑA
Controlados con la tecnología GPS
El Gobierno británico acaba de poner en práctica un programa piloto para seguir los movimientos de los pedófilos, violadores y otros delincuentes sexuales utilizando la tecnología GPS. Una etiqueta o pulsera electrónica informa de su paradero a un ordenador central, y hace saltar las alarmas si se aproximan a zonas prohibidas o rompen el toque de queda o las condiciones de su libertad condicional.

El programa, anunciado tan sólo el mes pasado como una prisión sin rejas para reincidentes y personas consideradas como especialmente peligrosas, ha empezado a experimentarse en la zona metropolitana de Manchester, en las Midlands y en el condado de Hampshire. La intención, si tiene éxito, es aplicarlo a cinco mil delincuentes y ex delincuentes (incluídos ladrones de coches y atracadores), con un coste aproximado de 68 libras (unos cien euros) por etiqueta y día (el presupuesto inicial es de tres millones de libras, cuatro millones y medio de euros).

La tecnología GPS permite ubicar a la persona observada con un margen de error de tan sólo dos metros, determinar la acera de la calle por la que camina y en qué dirección lo hace. El Gobierno Blair ha subcontratado a empresas privadas de seguridad (Securicor, Reliance y Premier) el seguimiento de los sujetos y la operación de los ordenadores del control central. Dependiendo del grado de peligrosidad, la vigilancia es activa (24 horas), o pasiva (un informe periódico de sus movimientos, generalmente por la noche).

Acambio de la libertad provisional o de la imposición de una sentencia de servicios comunitarios (en vez de cárcel), los delincuentes aceptan por escrito someterse a este plan de seguimiento vía satélite. Una pulsera o etiqueta electrónica colocada en el tobillo se comunica con un transmisor sin cables instalado en el cinturón, que a su vez emite señales a los satélites GPS a través de la red de telefonía móvil. Uno de los principales objetivos es impedir que los pedófilos se aproximen a colegios y centros de recreo infantil, y que los responsables de violencia doméstica se acerquen a sus parejas o ex parejas.

El programa piloto tan sólo se puede aplicar simultáneamente a 120 individuos, pero el propósito del ministro del Interior británico,David Blunkett, es convertirlo en un futuro en mecanismo habitual de observación de personas clasificadas como un peligro para la sociedad. A pesar del carácter eminentemente orwelliano del plan, los grupos pro derechos humanos no han expresado oposición porque permite que una serie de delincuentes se encuentren en libertad vigilada y no en la cárcel. "Por un lado -dice el secretario general de Prisiones, Paul Goggins- se facilita la rehabilitación y reinserción social de los convictos, y por otro se les disuade de reincidir con el recordatorio constante de que ningún movimiento pasa desapercibido".

El gobierno británico opera asimismo desde 1997 un registro de delincuentes sexuales en el que figuran 24.500 nombres -un promedio de 46 por cada 100.000 habitantes-, y que resulta especialmente polémico porque no es necesaria una sentencia para ser incorporado a la lista (un ejemplo es el rockero del grupo WHO Peter Townsend, cuya ofensa fue visitar páginas web de Internet con contenido pedófilo). La explicación oficial es que con frecuencia resultan más peligrosas las personas sin antecedentes pena

les pero con libertad de movimiento e interesadas en un cierto tipo de actividades que aquellas que ya han cumplido su condena, y que salen de la cárcel bajo condiciones muy estrictas. -
R. RAMOS


ALEMANIA
Condenas sin límite no sólo para reincidentes
El debate sobre la conveniencia de aplicar la cadena perpetua a los violadores más peligrosos reemerge en Alemania periódicamente, cada vez que se conocen casos de crímenes perpetrados por violadores reincidentes. Aunque el derecho penal alemán no estipula penas específicas para delincuentes sexuales, sí prevé la posibilidad de ampliar la estancia en prisión de personas que en libertad podrían resultar peligrosas para sus víctimas o la comunidad.

En la práctica, la llamada "custodia de seguridad" -contemplada en un artículo del código penal recientemente endurecido- significa que muchas personas cumplen condenas más largas de lo estipulado. La ley no prevé límite para estas condenas ampliadas, explica un portavoz del Ministerio de Justicia alemán, y es el juez quien dictamina si el condenado está en condiciones de salir a la calle. Unos 300 criminales reincidentes y peligrosos estaban en esta situación el año pasado, según el diario Die Welt.

El pasado mes de julio, las dos cámaras del Parlamento alemán complementaron el artículo de la ley sobre la custodia de seguridad. Una de las innovaciones más llamativas de la nueva ley es que podrá aplicarse no sólo a reincidentes, sino también a los condenados por primera vez. Sólo se aplicará a casos muy concretos, entre ellos a los violadores, y siempre que la pena incial haya sido superior a los cinco años de prisión.

Hace tres años, después de conocerse el caso de Julia, una niña alemana de ocho años violada y asesinada, se multiplicaron las voces favorables a una penas más duras. "En lo que respecta a los criminales sexuales, cada vez estoy más convencido de que un adulto que viola a una niña es incurable. Por eso sólo hay una solución: encerrarlo, y para siempre", dijo entonces el canciller federal, el socialdemócrata Gerhard Schröder. -
M. BASSETS

AUSTRALIA
Un registro nacional de autores de delitos sexuales
Australia está probando nuevos métodos para acabar con la reincidencia de autores de delitos sexuales. Las autoridades tienen un registro de condenados por este tipo de ofensas, pueden encerrarles de forma indefinida, impedirles la relación con el exterior sin un supervisor y recomendarles la castración química voluntaria.

Una de las nuevas estrategias, puesta en marcha este mes, es el primer registro nacional de autores de delitos sexuales graves, que pretende unificar y compartir la información de la que dispone cada estado de la federación. La legislación creadora del registro tiene efectos retroactivos y todos los condenados en los últimos ocho años estarán inscritos. Sus datos personales irán acompañados de fotografía, huellas digitales, ADN, residencia, lugar de trabajo, modelo de coche y planes de viaje. Incumplir con esta ley será penado con un máximo de dos años de cárcel y el acceso al registro será restringido.

También el estado de Queensland ha reforzado en octubre su legislación para armonizarla con las leyes del resto del país y permitir la prisión indefinida para delincuentes sexuales reincidentes. La nueva ley de Presos Peligrosos fue aprobada en Queensland para impedir la libertad de violadores en serie, como Robert John Fardon, quien cumplió, en junio del 2003, una sentencia de 14 años de cárcel por violar y asaltar a una mujer en 1988 cuando llevaba 20 días en libertad condicional, tras haber servido una sentencia de 8 años por violar a una niña de 12 y herir a su hermana de 15.

En Australia, los presos por delitos sexuales son sometidos a programas de reinserción y tratamiento psicológico mientras cumplen sentencia. Si el criminal es diagnosticado por enfermedad mental grave es trasladado a una unidad residencial de la comunidad (CRU) y encerrado hasta recibir el alta, lo que raramente ocurre, según una psicóloga de un CRU de Melbourne. En estos centros, que suelen ser casas en la ciudad, viven entre cinco y siete personas bajo constante supervisión y tratamiento médico.

Los presos por delitos sexuales acceden, en ocasiones, a un tratamiento de castración química, que consiste en el suministro de fármacos -Androcur- que reducen la libido. A pesar de que la opción es voluntaria, los defensores de las libertades civiles denuncian que los presos se someten al tratamiento para conseguir la libertad condicional y, por tanto, lo hacen presionados. -
H. BRAU

ITALIA
Excepciones para la mafia, no para violadores
Los violadores y pederastas encarcelados tienen en Italia la misma opción de obtener permisos que los autores de otros delitos si, como dice una ley de 1975, "durante la detención, han manifestado un constante sentido de responsabilidad y corrección en el comportamiento personal, en las actividades organizadas en los institutos y en las eventuales actividades de trabajo y cultura". Se les llama permisos premio. Sin embargo, el fiscal Pietro Forno, procurador adjunto del Tribunal de Turín e impulsor del principal pool de fiscales antiviolencia sexual de Italia, se declara "poco propenso a conceder estos permisos, dada la alta probabilidad de reincidencia de los autores de estos delitos". En todo caso, recalca Pietro Forno, los encargados de darlos son los jueces de los llamados tribunales de vigilancia, quienes tienen discrecionalidad, por lo que las sensibilidades varían. "Depende mucho de los jueces -explica Forno, fiscal que logró la primera detención en Italia por pedofilia informática-. El tribunal de Milán, por ejemplo, es muy restrictivo".

Quienes sí reciben un trato más duro son los condenados por delitos de mafia, a quienes se les puede incluso negar las visitas de familiares en la cárcel. Sin embargo, si colaboran con la justicia informando sobre otros mafiosos, se activa la ley del arrepentimiento, que les concede privilegios. A primeros de octubre hubo gran indignación social por la concesión de un permiso premio al arrepentido Giovanni Brusca, autor o instigador confeso de cien homicidios, entre ellos el del juez antimafia Giovanni Falcone y el de un niño de 12 años al que sumergió en ácido. "El trato de favor por ley a los arrepentidos conduce a casos como éste, en que la gente ve excesivo el premio después de tantos homicidios", argumenta el abogado penalista Nino Marazzita. - M. PAZ LÓPEZ